Mapeo de legislación o propuestas de ley que aborden y/o tipifiquen la violencia hacia las mujeres en política (vinculación con leyes integrales de violencia) incluyendo una sección sobre los principales debates legislativos al respecto

Background

La brecha de género persistente y duradera en la representación política de las mujeres es un problema global. A partir de 2017, solo el 23% de los parlamentarios en el mundo son mujeres (Datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), 2018. Ver:  https://www.ipu.org/file/4398/download?token=JCRQRubR). A pesar de esta realidad, América Latina es la primera región en el mundo con mayor número de mujeres electas en el parlamento (Ibid). América Latina y el Caribe cuenta con un promedio regional de 30,7% de parlamentarias (OIG, 2019 en base a datos de IPU), y con algunos países que figuran entre aquellos con la representación de mujeres en las Cámaras bajas o únicas más altas del mundo: Cuba (53,2%), Bolivia (53.1%), México (48,2), Granada (46,7%), Nicaragua (45,7%), Costa Rica (45,6%) (OIG, 2019 en base a datos de IPU) (Véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Información disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-mujeres-organo-legislativo-nacional-camara-baja-o-unica, consultado el 4 de febrero de 2019.)

Sin embargo, esos avances no son homogéneos, ya que coexisten grandes disparidades entre países y al interior de todos los países. Así, 13 países en América Latina y el Caribe tienen menos del 20% de parlamentarias (OIG, 2019) (Véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Información disponible en:https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-mujeres-organo-legislativo-nacional-camara-baja-o-unica, cconsultado el 4 de febrero de 2019) y los porcentajes de mujeres que participan de espacios de toma de decisión a nivel nacional, no siempre se reflejan en el nivel local, donde contamos con un promedio de 14.5% de mujeres alcaldesas (CEPAL, 2017). La participación y representación política de las mujeres en la región se desarrolla en un contexto creciente de violencia e intimidación basada en el género, que afecta constantemente su desarrollo en la esfera política.  

El incremento al que asistimos en las últimas décadas de las mujeres que participan de espacios políticos ha hecho visible una realidad que sigue dificultando el logro de la igualdad sustantiva, la violencia que sufren las mujeres como candidatas, como mujeres electas, pero también como electoras. En América Latina y el Caribe las expresiones de acoso y violencia política contra las mujeres son de variada naturaleza. Entre otras, agresiones o amenazas durante el período de campaña, la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo financiero o humano, y, en el caso de mujeres electas, la asignación a áreas de poca relevancia, con bajo presupuesto; el trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación; mayores exigencias de rendición de cuentas, e intimidación, amenazas o violencia física dirigidas a ellas mismas o a sus familias, que en situaciones extremas pueden incluir violación o asesinato u otras formas de violencia (CEPAL, 2016) (CEPAL (2016) Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (LC/G.2686/Rev.1), disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/4/S1601248_es.pdf.)

Según un estudio global de la Unión Interparlamentaria (IPU) de 2018, el 81,8% de las mujeres parlamentarias en el mundo experimenta violencia psicológica, el 44,4% ha recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro durante su mandato. El 65% ha sido objeto de sexismo por sus colegas en el parlamento. El 25,5% experimenta violencia física en el parlamento y en el 21,2% de los parlamentos encuestados hay acoso sexual. El 38,7% de las mujeres parlamentarias dijeron que la violencia contra la mujer en política socavó la implementación de su mandato como la libertad de expresión y el 46,7% temen por su seguridad y la de su familia.

A pesar del fenómeno global de este tipo de violencia, muy pocos países están legislando sobre el tema y en la mayoría ni si quiera se conversa, ni se releva, ni se generan datos. La primera vez que fue mencionado el término “violencia política” por un documento de Naciones Unidas fue en 2011 donde se pidió investigar estos delitos. Desde entonces, una avalancha de casos, denuncias y ejemplos han comenzado a aparecer, al punto de que el Secretario General de Naciones Unidas asignó una investigación específica sobre VAWP a la Relatora Especial de NU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, que entrego su informe en agosto de 2018 (ONU Mujeres, 2019).

En el informe, una de las principales constataciones es el manto de silencio que rodea el tema con la consiguiente falta de datos y evidencias. La relatora Šimonovic, en su reporte presentado en el contexto de la UNGA de 2018, destaca que esa violencia es generalizada y sistemática, logrando entre las mujeres que ejercen esos cargos un efecto estremecedor sobre sus carreras políticas, con consecuencias intergeneracionales para el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

La violencia política contra las mujeres es un tipo de violencia que ha surgido en la medida que ellas se incorporan más al ámbito político. Históricamente reconocido como un terreno de hombres, la llegada de la mujer como candidata y luego representante en el parlamento, o en alcaldías, o concejos municipales, o incluso como presidentas, ha animado a otras mujeres a seguir su ejemplo y proyectarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

La comprensión de que la esfera política se trata de un espacio imprescindible para el impulso de planes de gobierno inclusivos y la erradicación de prácticas que convalidan los prejuicios tradicionales que sostienen el patriarcado, ha impulsado ONU Mujeres a elaborar un proyecto regional junto con CIM/MESECVI para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en política.

JUSTIFICACIÓN

El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas identifica cuatro acciones prioritarias para erradicar la violencia contra las mujeres en la política: 1) Los profesionales y académicos deben adaptar y formalizar su medición de /y compromiso con la violencia hacia las mujeres en política, por ejemplo, desarrollando indicadores que reflejen la naturaleza universal de la VCMP. 2) Desarrollar la capacidad de los profesionales y los responsables de la formulación de políticas para analizar políticamente la violencia hacia las mujeres por razones de género, así como la violencia política con perspectiva de género, traducir los datos según las necesidades de las políticas (incluso en los idiomas "locales") y relacionar la erradicación de este tipo de violencia con la integridad democrática. 3) Los estados, las instituciones y las empresas deben asumir las siguientes responsabilidades: los estados tienen la responsabilidad de abordar la VCMP como una violación de los derechos humanos; los parlamentos deben garantizar que sus instituciones permitan la participación y el trabajo de las parlamentarias; las empresas de medios de comunicación y los tribunales no deben proteger la VCMP como "libertad de expresión". 4) Recopilar y compartir buenas prácticas, por ejemplo, en reformas legales, respuestas parlamentarias e investigaciones a nivel nacional e internacional.

En la región aún pocos países cuentas con herramientas que identifican y abordan la violencia hacia las mujeres en política, la Ley 243 de Bolivia Contra El Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres de México, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Política elaborada e impulsada por la CIM/MESECVI. En la región hubo esfuerzos para elaborar y presentar propuestas de ley que abordaran integralmente esta problemática, que sin embargo han encontrado resistencias o estancamientos. Encima, al fin de lograr un abordaje integral, se requiere aún de una apropiada conceptualización y delimitación del fenómeno, faltan herramientas para recoger de manera segura y atendible las denuncias, observatorios para el monitoreo de casos de violencia, un trabajo sistemático con los organismos electorales para el registro, monitoreo, atención y sanción a la violencia contra mujeres en política, así como con los parlamentos, y con los partidos y organizaciones políticas.

Esta consultoría tiene por lo tanto el propósito de mapear la legislación que tipifica o menciona la violencia política contra las mujeres como una de las manifestaciones de la violencia en razón de género (vinculación con leyes integrales de violencia), así como de todas las propuestas de ley que se defendieron en América Latina y el Caribe, incluyendo los principales puntos de debate a favor y en contra de esta tipificación.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Realizar un mapeo de la legislación o propuestas de ley que aborden y/o tipifiquen la violencia hacia las mujeres en política (vinculación con leyes integrales de violencia), incluyendo una sección sobre los principales debates legislativos al respecto en América Latina y el Caribe. El marco de referencia para esta consultoría se compone de la Convención de Belém do Pará y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

Duties and Responsibilities

ACTIVIDADES POR REALIZAR PARA EL ALCANCE DEL OBJETIVO

Realizar un mapeo regional de:

1. Marcos normativos existentes que abordan la violencia hacia las mujeres en política;
2. Leyes integrales de violencia que mencionan o no la violencia política contra las mujeres como una de las manifestaciones de la violencia de género;
3. Proyectos de ley en actual debate en la región, incluye una sección sobre los principales contenidos de los debates legislativos al respecto, realiza un análisis de argumentos a favor y en contra; explora las razones por las que las leyes no se han aprobado.
4. Perfil de los actores que presentan y apoyan las iniciativas legislativas. (PDL patrocinados por el ejecutivo, iniciativas parlamentarias, iniciativas de sociedad civil en alianza con las y los parlamentarios).

PRODUCTOS ESPERADOS

Productos entregables	Periodo aprox.
Plan de trabajo que incluya un calendario de metas y entregas de acuerdo a lo conversado con la Asesora Regional en Gobernanza y Participación Política de la oficina regional de ONU Mujeres, con quien el/la contratista trabajará en constante coordinación. El plan de trabajo debe incluir entre otros: Primer borrador de listado de los países y de las leyes a examinar. Categorías para utilizar para examinar las leyes. Lista de personas a entrevistar para lograr información relativa a los puntos 3 y 4 del apartado anterior de América Latina y el Caribe.	15 días desde la firma del contrato
Primer borrador del mapeo para comentarios de la gerencia del proyecto.	55 días desde la firma del contrato
Mapeo finalizado con comentarios de la gerencia del proyecto incluidos.	70 días desde la firma del contrato

La versión final del documento (para ser publicado electrónicamente) incluirá los siguientes contendidos:

1. Créditos
2. Prologo (2 páginas a ser firmadas por las agencias)
3. Índice de Contenidos
4. Introducción (2 páginas)
5. Capítulos con contenidos (se priorizará una composición que facilite la lectura rápida y eficiente de la información más relevante del documento, como el uso de bullet points, cuadros, etc.)
6. Capítulo de conclusiones y recomendaciones (en formato de lista)
7. Bibliografía
8. Todas las notas bibliográficas se hacen al pie de página utilizado en modelo de la Universidad de Cambridge, UK

FORMA DE PAGO

Se realizarán los siguientes pagos contra la entrega de los productos especificados por actividad a satisfacción de ONU Mujeres. El pago final estará sujeto a la presentación del documento final de la consultoría a satisfacción de ONU Mujeres y la presentación de la factura final por parte del consultor, además de la evaluación de rendimiento de la consultoría por parte de ONU Mujeres.

Mes	Condición de pago	Productos entregables
15 días desde la firma del contrato	20 % del total	Plan de trabajo que incluya un calendario de metas y entregas de acuerdo a lo conversado con la Asesora Regional en Gobernanza y Participación Política de la oficina regional de ONU Mujeres, con quien el/la contratista trabajará en constante coordinación.
55 días desde la firma del contrato	40% del total	Primer borrador del mapeo para comentarios de la gerencia del proyecto.
70 días desde la firma del contrato	40% del total	Mapeo finalizado con comentarios de la gerencia del proyecto incluidos.

SUPERVISION DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS LOGISTICOS

El seguimiento y supervisión del trabajo será realizado de la siguiente forma:

1. La asesora regional en Gobernanza y Participación Política de la oficina regional de ONU Mujeres, en estrecha colaboración con la secretaría técnica de CIM/MESECVI, serán las encargadas de supervisar la elaboración de este producto.
2. Para dinamizar esta supervisión, de ser necesario se realizarán reuniones de coordinación periódicas vía Skype y se realizarán intercambios por correo electrónico.
3. La entrega de productos se hará en sus versiones preliminares a la asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres, quien los revisará en coordinación con la secretaría técnica de CIM/MESECVI.

Derechos intelectuales, patentes y otros derechos de propiedad

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por ONU Mujeres a el/la consultor/a para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente contrato deberá permanecer con ONU Mujeres y dicho equipamiento deberá devolverse a ONU Mujeres al finalizar el presente contrato o cuando ya no sea necesario para el/la consultor/a.  Dicho equipamiento, al momento de devolverlo a ONU Mujeres, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado a el/la consultor/a, sujeto al deterioro normal.  El/la consultor/a será responsable de compensar a ONU Mujeres por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

ONU Mujeres tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derecho de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el consultor haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución de la presente consultoría, y el/la consultor/a reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación de ONU Mujeres. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad de el/la consultor/a: i) que existían previamente al desempeño del/la consultor/a de sus obligaciones en virtud del presente contrato, o ii) que el/la consultor/a pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, ONU Mujeres no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el/la consultor/a concederá a ONU Mujeres una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente contrato.

Competencies

COMPETENCIAS:

Valores fundamentales:

• Respeto por la diversidad;
• Integridad;
• Profesionalismo

Competencias principales:

• Conciencia y sensibilidad con respecto a cuestiones de género;
• Responsabilidad;
• Solución creativa de problemas;
• Comunicación efectiva;
• Colaboración inclusiva;
• Participación de los interesados;
• Predicar con el ejemplo.

Competencias funcionales:

• Optimas capacidades de redacción en español;
• Buenas capacidades de trabajo en equipo;
• Excelentes capacidades comunicativas;
• Buen conocimiento del contexto político de América Latina y el Caribe.

Required Skills and Experience

PERFIL DEL CONSULTOR

• Formación en Derecho, Ciencias Políticas o Ciencias Sociales, a nivel de grado o post - grado.
• Experiencia de al menos 5 años en temas de participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe.
• Experiencia demostrable y participación en al menos 3 investigaciones y/o estudios sobre violencia hacia las mujeres en política.
• Contar con al menos 3 publicaciones violencia hacia las mujeres en política en América Latina y el Caribe.
• Respecto del idioma se requiere dominio del español con fluidez oral y escrita.

REQUISITOS PARA APLICAR

El cumplimiento de estos requisitos deberá ser demostrado a través de la presentación de una carta donde se presente la experiencia en dichas áreas y a la que se adjunten el CV o las hojas de vida de la persona que postula.

Para postularse, se deberán entregar:

1. Carta de postulación
2. CV
3. P11: link para P11:  http://www.unwomen.org/es/about-us/employment
4. Oferta financiera en moneda local firmada y con validez de 60 días
5. Copia de títulos universitarios
6. Copia de documento de identidad o pasaporte

Nota. Al momento de aplicar se deberá cargar un (1) solo archivo en formato PDF que contenga:  Formulario P11, CV, Cedula de Identidad y Propuesta Financiera, copia de los títulos académicos, copia de pasaporte o documento de identidad, basado en los productos.  Se adjunta una guía para que usted pueda realizar este paso.  https://www.wikihow.com/Merge-PDF-Files

Por favor enviar esta información como fecha límite el 5 de junio del 2019. Aquellos/as que no envíen la documentación completa o que lo hagan fuera de la fecha máxima establecida no serán considerados. Solo aquellas y aquellos candidatos que clasifiquen en la lista corta serán contactados.

ONU Mujeres está comprometida con la diversidad en el mundo del trabajo en términos de género, raza, etnia, nacionalidad y cultura.  Mujeres y demás personas pertenecientes a grupos de afrodescendientes, indígenas, LGBTTI, con discapacidad, que viven con el VIH y otras minorías son incentivadas a presentarse.